El contrato de tu escuela es un contrato de adhesión: lo que eso cambia, y los diez años para reclamar

Qué es lo que la escuela firmó, en términos de la ley

El contrato de inscripción no se negocia. La escuela lo redacta, lo imprime igual para todos y el papá lo firma o no inscribe. Eso tiene un nombre en la Ley Federal de Protección al Consumidor: su artículo 85 entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato.

El mismo artículo pone tres condiciones de validez para cualquier contrato de adhesión celebrado en territorio nacional: estar escrito en idioma español, con caracteres legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme, y no implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, ni cláusulas que violen esa ley. La letra de siete puntos del reverso de la hoja no es un detalle de diseño: es una de esas tres condiciones. Lo que el contrato tiene que decir de fondo está en escuela particular: qué debe decir el contrato de inscripción; esta pieza es lo que pasa cuando dice algo que no puede decir.

Las seis cláusulas del 90, con ejemplos de contrato escolar

El artículo 90 dice que no serán válidas y se tendrán por no puestas las cláusulas que caigan en seis supuestos, y que tampoco se inscribirán en el registro. Puestas en el lenguaje de un contrato escolar, se reconocen rápido.

• Modificar el contrato de un lado. «La institución podrá ajustar las cuotas en cualquier momento». La fracción I alcanza tanto modificar el contenido como sustraerse unilateralmente de las obligaciones.
• Liberarse de la responsabilidad civil. «La escuela no se hace responsable por accidentes dentro del plantel». La fracción II sólo deja esa liberación cuando el consumidor incumple el contrato, y un accidente no es eso.
• Trasladar esa responsabilidad. «Los padres asumen cualquier daño que el alumno sufra o cause». La fracción III la cierra, incluso hacia un tercero que no es parte del contrato.
• Acortar plazos. «Cualquier inconformidad deberá presentarse dentro de los diez días siguientes». La fracción IV prohíbe prevenir términos de prescripción inferiores a los legales, y el legal aquí es el del artículo 105.
• Poner trámites como condición para reclamar. «Sólo se atenderán quejas presentadas por escrito ante la dirección y con acuse». La fracción V prohíbe prescribir formalidades para la procedencia de las acciones contra el proveedor.
• Renunciar a la ley o cambiar de tribunal. La fracción VI es la más tajante: nada que obligue al consumidor a renunciar a la protección de esa ley o lo someta a la competencia de tribunales extranjeros.

Y si el contrato se registró, el texto registrado es el que manda

El artículo 86 permite a la Secretaría, mediante normas oficiales mexicanas, sujetar contratos de adhesión a registro previo ante la Procuraduría cuando impliquen o puedan implicar prestaciones desproporcionadas, obligaciones inequitativas o abusivas, o altas probabilidades de incumplimiento; esas normas pueden referirse a cualesquiera términos y condiciones excepto precio. Los contratos sujetos a registro deben contener una cláusula que determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia sobre su interpretación o cumplimiento, y señalar el número de registro otorgado.

Dos consecuencias conviene conocerlas antes que la familia. El artículo 86 QUATER dice que cualquier diferencia entre el texto del contrato de adhesión registrado y el utilizado en perjuicio de los consumidores se tendrá por no puesta. Y el segundo párrafo del artículo 87 es más duro: los contratos que deban registrarse conforme a esa ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables y no se registren, así como aquellos cuyo registro sea negado, no producirán efectos contra el consumidor. Si tu contrato cae en un supuesto de registro, ésa es la frase que decide todo lo demás. Qué es ese registro y cuándo aplica está trabajado en contrato de adhesión registrado en Profeco.

Los diez años, y por qué existen

El artículo 105 abre diciendo que las reclamaciones se podrán presentar dentro del término de un año, y después enumera desde cuándo corre: desde que se expide el comprobante, desde que se paga el bien o es exigible el servicio, desde que se recibe el bien o se presta el servicio, o desde la última fecha en que el consumidor acredite haber requerido directamente al proveedor el cumplimiento.

Y en la fracción II, después de las reglas del uso o goce temporal de bienes, está la excepción: se exceptúan del término anterior las reclamaciones que se realicen con motivo de la prestación de servicios educativos o similares, proporcionados por particulares a niñas, niños o adolescentes, por vulneración a los derechos contemplados en el Título Segundo de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La reclamación podrá presentarse dentro del término de diez años a partir de que se advierta dicha vulneración. Diez, no uno, y el punto de partida no es el pago: es el día en que se advierte.

Para una escuela eso cambia una decisión concreta: cuánto tiempo guardar el expediente. Un contrato firmado hace seis años sigue siendo relevante, y con él el aviso de privacidad, las autorizaciones, las responsivas y la constancia de que el costo se informó antes de inscribir. Lo que no se puede probar a los seis años, a efectos prácticos no existió.

Las tres infracciones de la Ley General de Educación que viven en el contrato

La otra ley aplicable no es de consumo, es de educación, y su catálogo de infracciones toca directamente el contrato. El artículo 170 de la Ley General de Educación enumera, entre otras: fracción XXII, retener documentos personales y académicos por falta de pago; fracción XXIII, condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes y materiales educativos, así como de actividades extraescolares; y fracción XXIV, omitir dar a conocer por escrito a las personas usuarias de los servicios educativos, previamente a la inscripción para cada ciclo escolar, el costo total de la colegiatura o cualquier otra contraprestación.

Las tres están además en el artículo 146, que cierra con dos párrafos propios: en ningún caso, con motivo del cobro de colegiaturas o cualquier otra contraprestación, se realizarán acciones que atenten contra la dignidad y los derechos de los educandos, incluyendo la retención de documentos personales y académicos; y la adquisición de uniformes, materiales educativos y actividades extraescolares no podrá condicionar la prestación del servicio. El artículo 171 fracción I inciso a) sanciona las fracciones XXIII y XXIV con multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización vigente en la fecha de la infracción.

Qué hacer con el contrato que ya tienes

1. 1Leerlo buscando las seis del 90, no buscando errores de redacción. Una cláusula que se tiene por no puesta es peor que no tener cláusula: da falsa seguridad.
2. 2Separar lo obligatorio de lo opcional, en dos listas visibles, por la fracción XXIII y por el párrafo del 146. El uniforme y las actividades extraescolares van del lado opcional.
3. 3Poner el costo total por escrito antes de inscribir, cada ciclo, y guardar la constancia de que se entregó. La fracción XXIV castiga la omisión, no el desacuerdo.
4. 4Sacar del contrato la retención de documentos. No es palanca de cobranza: es infracción, y el 146 la menciona por su nombre.
5. 5Revisar el tamaño y el tipo de letra. El artículo 85 pide caracteres legibles a simple vista y en un tamaño y tipo uniforme; el anexo en cuerpo seis incumple esa condición.
6. 6Decidir cuánto guardas, con los diez años a la vista. Contrato, aviso de privacidad, autorizaciones, responsivas y la constancia del costo informado.

La plantilla de contrato de prestación de servicios educativos está armada con esa separación entre obligatorio y opcional, y los documentos que la acompañan son el aviso de privacidad —que en una escuela trata datos de menores y conviene tratarlo con cuidado—, la carta responsiva para salidas y actividades, y el consentimiento informado cuando hay atención médica o psicológica de por medio. Qué usan las escuelas para la responsiva de los papás está en su propia pieza, y cómo se organiza el ciclo completo de firmas, en firma electrónica para escuelas y colegios. Para una guardería, las plataformas que lo resuelven están en su lista.

La parte que sí se puede resolver de una vez: la constancia de que se informó

De todo lo anterior, lo único que una escuela puede arreglar esta semana sin abogado es la prueba. La fracción XXIV no castiga cobrar: castiga omitir dar a conocer por escrito el costo total antes de la inscripción. Eso se cumple o no se cumple, y a los seis años la diferencia entre las dos cosas es un documento con fecha.

Un contrato de servicios educativos es un documento privado: no pide notario ni e.firma del SAT, y el artículo 1834 bis del Código Civil Federal tiene por cumplida la forma escrita con medios electrónicos cuando la información es atribuible a quien se obliga y accesible para su consulta posterior; qué pesa después está en el valor probatorio. Con SignSolú el contrato y el desglose de costos salen en el mismo envío al inicio del ciclo, cada familia recibe su liga por WhatsApp o por correo y firma desde el celular sin abrir cuenta y sin pagar, y queda un acuse de auditoría con hora, IP, dispositivo y huella SHA-256 por firma que cualquiera comprueba en /verificar sin cuenta. Si los dos papás tienen que firmar, se puede pedir que firmen en orden; por qué vale una firma hecha con el dedo, en es legal firmar con el dedo en el celular; y cómo llega por mensaje, en firmar un contrato por WhatsApp. Las demás plantillas están en /plantillas, el recorrido del producto en cómo funciona y las dudas legales en preguntas frecuentes legales. El plan gratis son 10 documentos sin caducidad y sin tarjeta: empieza aquí.

De dónde salen las citas

• Código Civil Federal, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.
• Ley Federal de Protección al Consumidor, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.
• Ley General de Educación, en el texto vigente que publica la Cámara de Diputados.